Obama impulsa la reforma migratoria
El presidente de EE UU propone regularizar a más de 11 millones de 'sin papeles' - La nueva ley tiene detractores tanto en las filas demócratas como republicanas
ANTONIO CAÑO - Washington -
Mientras Barack Obama defendía ayer en Washington la necesidad de una ley de inmigración, la madre de un marine muerto en Irak pedía permiso para enterrar a su hijo en Arizona y un aplazamiento de su deportación a México para poder acudir al sepelio. Esa es la realidad cotidiana de esta nación de inmigrantes. Y esa es la realidad que el presidente ha propuesto encarar con una reforma que, sin premiar a los indocumentados, "marque un camino para su legalización", en respeto de sus derechos humanos y en aras de la prosperidad, la grandeza y la preservación de las señas de identidad de Estados Unidos.
La expulsión de los indocumentados, como reconoció Obama, es inviable
Los inmigrantes tendrán que cumplir duras exigencias para legalizar su situación
Expulsar inmigrantes de este país, por muy ilegales que sean, es tan paradójico e inútil como prohibir la esperanza. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia del mundo gracias al irresistible magnetismo de su sociedad, resumido en el eslogan del sueño americano. "Los inmigrantes han ayudado siempre a construir y defender este país", recordó ayer Obama. "Ser americano no es un asunto de sangre o de nacimiento; es un asunto de fe, de una fidelidad compartida a las ideas y los valores que son tan queridos para nosotros".
En el caso de los ilegales, que se calculan entre 11 y 12 millones, su delito es el de precipitarse a ese sueño sin pararse en burocracias. Ahora, una vez aquí, su contribución económica, y hasta cultural, resulta ya imprescindible, y tratar de deportarlos, como dijo el presidente, es simplemente inviable. Muchos tienen hijos nacidos aquí, otros llevan años ocupando sus puestos de trabajo y la mayoría respetan las leyes, están integrados en sus comunidades y hasta pagan impuestos.
La única solución es la aprobación de una nueva ley que señale las reglas para su legalización, de forma que esta se produzca de un modo adecuado y en condiciones que permitan reordenar para un largo periodo la entrada de más personas en el país. La legalización "significa también", manifestó Obama, "que dispondremos de una fuerza de trabajo más joven y, en un mundo crecientemente interconectado, la diversidad de nuestro país es una ventaja muy grande en la competencia mundial".
La apuesta por un país abierto y hospitalario no significa, explicó el presidente, la renuncia a proteger las fronteras y aplicar las leyes. "Nuestra nación, como todas, tiene derecho a imponer sus propias leyes de residencia y ciudadanía. Aceptar sin más a los que vinieron ilegalmente podría estimular más inmigración ilegal y perjudicar a los millones de personas en todo el mundo que están esperando en fila para entrar legalmente".
Es preciso crear unas condiciones exigentes para la legalización. "Hay que pedir responsabilidades a las personas que entraron ilegalmente", dijo Obama, "tienen que admitir que quebrantaron la ley, tienen que registrarse, pagar impuestos, pagar una multa y aprender inglés". Hay que pedir responsabilidades también, añadió, "a los empresarios que violan la ley contratando y explotando trabajadores indocumentados".
Ese es el camino para la racionalización de un problema descomunal y ese será el corazón de la ley que debe aprobar el Congreso. ¿Cuándo? Obama, que antes se había comprometido a hacerlo este año, no puso ayer plazos. ¿Cómo? Con un acuerdo de los dos partidos. No hay otro modo. "Esa es la realidad política y matemática", admitió el presidente.
Los demócratas carecen de la mayoría suficiente para aprobar la ley en el Senado y ni siquiera están unidos en el respaldo a esa iniciativa. A diferencia de lo ocurrido con las reformas sanitaria o financiera, en materia migratoria no es previsible un corte limpio entre los dos bandos del Congreso; puede haber muchos demócratas en contra y algunos republicanos a favor.
La posición política respecto a la reforma migratoria depende de algunas variantes, como el número de votos hispanos, la situación geográfica del distrito electoral o el grado de presión del sector conservador, que la hacen más fluida e imprevisible que otras. Pero el principal de todos ellos es el de la influencia creciente del electorado de origen latino, al que Obama intenta ahora realinear a su favor.
Tal como ha reconocido la Casa Blanca, el presidente decidió pronunciar ahora este importante discurso atendiendo a la intensificación del debate público provocada por la reciente ley aprobada por el Estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes ilegales. Obama no despejó ayer la incógnita sobre cuándo piensa el Gobierno reclamar ante los tribunales la inconstitucionalidad de esa ley, pero se refirió a ella en términos indiscutiblemente descalificadores. "Esa ley", manifestó, "tiene el potencial de violar los derechos de ciudadanos norteamericanos y residentes legales inocentes al convertirlos en sujetos de posibles detenciones o interrogatorios simplemente por su aspecto o por su acento".
Nada de eso es compatible con la esencia de Estados Unidos. Este país, como recordó Obama, es reconocido universalmente por una estatua que da la bienvenida en nombre de la libertad a quien se aproxima a la isla de Manhattan. Décadas atrás, algunos eran judíos huyendo de las persecuciones. Su lugar lo ocupan hoy, por razones diferentes, los espaldas mojadas.
Obama defiende un nuevo sistema migratorio
Obama defiende un nuevo sistema migratorio en la frontera con México
"La reforma del sistema de inmigración está vinculada a la recuperación de Estados Unidos", defiende un miembro del Gobierno
CRISTINA F. PEREDA | Washington a acude hoy a la frontera con México para pedir nuevamente una reforma del sistema de inmigración estadounidense. Según declararon altos miembros del Gobierno, Obama argumentará que el aumento de la seguridad en la frontera, junto con un proyecto que permita conseguir la ciudadanía a inmigrantes indocumentados mejorará tanto la seguridad como la economía del país.
El discurso que se celebrará esta tarde en El Paso, Texas, llega en un momento de poca esperanza para una reforma que Obama no pudo sacar adelante cuando el partido demócrata controlaba la Cámara de Representantes. Ahora que los republicanos disponen de mayoría, el consenso necesario para crear un nuevo sistema de inmigración queda todavía más lejos. Pero el presidente no quiere prescindir del apoyo de los hispanos, un grupo de población que jugará un papel clave en las próximas elecciones de 2012. En 2008, Obama logró el apoyo de dos de cada tres votantes hispanos.
"Hemos duplicado la extensión del muro fronterizo con México y quintuplicado el número de agentes de seguridad desde 2004", defendía ayer un miembro de la administración durante una conferencia con periodistas. Según el Gobierno, que alega haber realizado el esfuerzo más intenso y continuado de los últimos años, las entradas ilegales en territorio estadounidense se han reducido en un 36% en los últimos dos años. Al mismo tiempo se deportaron400.000 indocumentados en 2010. Los niveles de inmigración ilegal son ahora un tercio que hace diez años.
Es la economía
"No se puede hacer política a golpe de anécdotas", declaró uno de los miembros de la administración que pidió mantener el anonimato. "Tenemos la obligación moral de arreglar el sistema migratorio, pero también tenemos una obligación económica".
Obama apostará hoy precisamente por el argumento económico en su defensa de un nuevo sistema. "Sería un beneficio, no un obstáculo para el presupuesto federal", alegó ayer un funcionario. A pesar de que la administración estima la reforma del sistema en 54.000 millones de dólares, considera que la legalización de inmigrantes indocumentados aportaría 66.000 millones de dólares en recaudación de impuestos.
Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de origen latinoamericano. En un discurso el pasado mes de agosto, el presidente ya alegó que Estados Unidos sólo podrá beneficiarse en el futuro de las aportaciones de los inmigrantes, tanto económicas como culturales e intelectuales. Era su primer gran discurso en defensa de una reforma migratoria que ya prometió acometer durante su primer año en la Casa Blanca, pero acabó quedando relegada por otras prioridades como la reforma sanitaria o la recuperación económica.
"Queremos volver a crear esa sensación de urgencia y pedir que toda la maquinaria se ponga en marcha", declaró un miembro del Gobierno. "Nuestro argumento es económico, la reforma del sistema de inmigración está vinculada a la recuperación de Estados Unidos".
El respaldo de las encuestas
Un año después, Obama sí tiene de su lado a las encuestas. Según un informe publicado ayer por el Centro Pew de Investigación, el 72% de la población estadounidense se muestra favorable a la creación de un sistema que permita obtener la ciudadanía a los indocumentados. El partido republicano acusa a los demócratas de intentar crear una "amnistía" y se opone a cualquier proyecto de ley que incluya esta opción. Pero la población no parece tener posturas tan drásticas: los conservadores están divididos, con un 49%, a favor y en contra de la ciudadanía.
El Gobierno se ha reunido en las últimas semanas con diferentes líderes religiosos, empresarios y miembros de la cultura hispana en el país para reiterar su apoyo al proyecto y pedirles ayuda a la hora de convencer al partido republicano. Obama insistirá esta tarde que líderes republicanos como John McCain, candidato a la presidencia en 2008, y el expresidente George W. Bush ya defendieron la necesidad de crear un nuevo sistema migratorio.
Sin embargo, el partido republicano ha dado un vuelco a estos argumentos liderando iniciativas como la ley de inmigración de Arizona, bloqueada en los tribunales desde el año pasado. Diversos estados -entre ellos, Florida- han copiado la controvertida ley SB 1070 para resolver a su manera los retos de la inmigración ilegal a pesar de que solo el gobierno federal tiene competencias para ello. Obama se ha mostrado en contra de estos "parches" en el sistema, pero no ha logrado aún poner a todas las partes de acuerdo en la necesidad de una reforma completa.
El hermano del presidente y 'número dos'
El hermano del presidente y 'número dos' del régimen encabeza la lista de sanciones de la UE a Siria
La UE prohíbe también desde hoy la venta a Siria de material militar y antidisturbios
RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO - Bruselas -
A la espera de debatir hoy mismo la inclusión del presidente Bachar el Asad en la lista negra de la Unión Europea, el hermano y número dos de hecho del régimen sirio, Maher el Asad, encabeza la relación de 13 personalidades del régimen sancionadas desde hoy por la Unión Europea por su responsabilidad en la "violencia contra los manifestantes" en el país. Las sanciones les vetan la entrada en territorio comunitario y autorizan la confiscación de los bienes que tengan en Europa.
Represión de la protesta en Siria
GRÁFICO - El Pais - 19-04-2011
Todos, menos un multimillonario primo de los El Asad y socio de Maher, tienen relación con los servicios de seguridad. El hombre de negocios, Rami Makhlouf, "financia al régimen", según glosa el Boletín Oficial de la UE que recoge la lista pactada el pasado viernes por los Veintisiete. Makhlouf es el propietario de la mayor compañía de telefonía móvil siria y tiene también fuertes intereses en los sectores de la construcción y del petróleo.
Maher el Asad, primero de la lista negra, comandante de la 4ª División del Ejército, es presentado como "el hombre fuerte de la Guardia Republicana" y "principal instigador de la violencia contra los manifestantes". De 43 años, tiene reputación de hombre de excesos y ahora se recuerda cómo hace unos años pegó un tiro a un general en una pelea de carácter personal.
Le siguen en la lista el jefe del espionaje, Ali Mamlouk, un veterano de 65 años, muy activo en la diplomacia, y el ministro del Interior, Mohammad Ibrahim El-Chaar. Cierran la relación otros dos El Asad, miembros de la milicia Shabiha, muy activa en la represión, y el responsable de la inteligencia militar en Damasco, Rustum Ghazali, que era el jefe de los espías sirios en Líbano cuando en 2005 fue asesinado el ex primer ministro Rafik Hariri.
Embargo de armas
Junto al veto a los hombres, la UE prohíbe también desde hoy la venta a Siria de material militar y antidisturbios. Apenas una gota de agua en el arsenal de Damasco que se aprovisiona en otras latitudes. Alemania e Italia fueron en 2009 los primeros proveedores de armas a los El Asad, pero las ventas no superaron los cuatro millones de euros.
España no ha vendido armas a Siria en la última década, informa Miguel González.No ha habido ninguna licencia concedida y las que fueron autorizadas en 2001 han caducado sin ejecutarse. Sí ha habido venta de material de doble uso. Las últimas estadísticas públicas del primer semestre de 2010 indican que no se han producido exportaciones de material de defensa ni de doble uso.
Representantes de los Gobiernos de la UE tienen previsto debatir esta tarde la ampliación de la lista y la inclusión en ella del propio presidente, medida para que la pasada semana no hubo acuerdo.
Los cárteles pagan 430 dólares por inmigrante a los agentes del Gobierno
Los cárteles pagan 430 dólares por inmigrante a los agentes del Gobierno
Imagen de 68 secuestrados liberados en abril en Tamaulipas. | Efe
- La denuncia de un grupo de secuestrados ha identificado a seis corruptos
- Los agentes han sido detenidos y acusados de tráfico de personas
- Cada año secuestran en México a más de 20.000 centroamericanos
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Los sicarios ni se molestan en México en arriesgarse para secuestrar a los inmigrantes centroamericanos que cruzan el país rumbo a EEUU. Para eso, que se ha convertido en el segundo negocio más lucrativo de los narcos, tienen a algunos policías locales y a algunos agentes del mismo Instituto Nacional de Migración, éste que debería ocuparse de garantizar los derechos de los indocumentados.
El dinero es la clave una vez más de que algunos de los agentes de inmigración hayan olvidado sus obligaciones legales y se hayan convertido en secuestradores de inmigrantes. Los Zetas, por ejemplo, les ofrecen en el norte del país, en Tamaulipas, 5.000 pesos (unos 430 dólares/300 euros), más de lo que cobra al mes un policía local, por cada centroamericano que les llevan hasta la puerta de su casa de seguridad (donde los retienen).
Las condiciones eonómicas de este mercado de tráfico de personas, publicadas este martes por el diario 'La Jornada', se han conocido gracias al valor de una parte de 120 inmigrantes secuestrados y liberados después por el ejército en Tamaulipas. Ellos han denunciado e identificado a seis agentes de Inmigración, detenidos el pasado 19 de abril por haberles 'vendido' a los sicarios.
La declaración de los agentes, a los que las autoridades vinculan con al menos cuatro secuestros, ha revelado las 'tarifas' de una tragedia que, según las últimas cifras oficiales, se traduce en el secuestro de más de 20.000 inmigrantes al año. Y muchos no sobreviven para contarlo, terminan su aventura en una fosa.
Les bajaron de un autobús
Tamaulipas es su última parada antes de alcanzar la frontera de EEUU por la ruta más corta desde el sur de México. A los 120 liberados, los secuestraron cuando se dirigían en autobús hasta su destino, aunque ellos en un primer momento pensaron que la orden de bajar del vehículo les devolvía a casa porque venía de los agentes de inmigración detenidos.
Sin embargo, una vez metidos en sus coches oficiales no les llevaron hasta las dependencias de inmigración, sino que los entregaron, han declarado los secuestrados, a un grupo de hombres armados.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace tiempo los secuestros, extorsiones y asaltos que sufren los indocumentados a su paso por México con la complicidad de policías y agentes migratorios. La ONU ha tirado de la orejas recientemente al Gobierno precisamente por no frenar el 'negocio de la inmigración', que en la zona de Tamaulipas se reparten los Zetas y el cártel del Golfo.
De sus crímenes en ese estado hablan los 72 inmigrantes fusilados en agosto en San Fernando y los 183 cuerpos localizados en 40 fosas el mes pasado en el mismo municipio. Desde entonces, las operaciones de la Policía Federal y del ejército se han multiplicado y logrado liberar a casi 200 indocumentados en pocas semanas.
Hace sólo 10 días, el Parlamento mexicano aprobó la nueva Ley de Inmigración que, entre otras cosas, otorga permiso de trabajo y residencia en el país a aquellos inmigrantes que sean víctimas de delitos y denuncien a los responsables.
Chacón pronostica que habrá paz en Libia
Chacón pronostica que habrá paz en Libia sin Gadafi aunque se tarden 'meses'
Algunos de los F-18 españoles que participan en la operación en Libia. | Ministerio de Defensa
- 'La presión militar está siendo útil' contra el régimen del dictador
- Dice que las acciones militares acabarán cuando la población esté protegida
Efe | Madrid
La ministra de Defensa, Carme Chacón, que ha visitado este martes a las tropas españolas desplegadas en la misión de Libia, ha respaldado la operación militar de la OTAN y se ha mostrado convencida de que se tardarán "semanas o meses" pero se logrará una situación de paz para Libia y sin Gadafi.
La titular de Defensa, que partió a primera hora de la mañana desde la base aérea de Torrejón (Madrid), llegó a la isla italiana de Cerdeña, acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general José Julio Rodríguez, y el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, para visitar la base aérea de Decimomannu, donde se encuentran los aviones, y el puerto de Cagliari, donde está atracada la fragata de combate 'Méndez Núñez'.
En su intervención en ambos sitios y en declaraciones a los periodistas, Chacón ha resaltado que se tardarán semanas o meses pero que se alcanzará "una solución de paz duradera para Libia y una situación de paz sin Gadafi". Ha calificado como clave, esencial e imprescindible la misión si se quiere un futuro de paz para Libia.
"La presión militar está siendo útil" contra el régimen de Gadafi y las acciones militares acabarán cuando la población esté protegida, tal y como se marcó como objetivo Naciones Unidas, ha dicho Chacón en Decimonannu, base italiana donde se ubican los aviones de combate F-18 y los dos de reabastecimiento en vuelo y el de vigilancia marítima.
Tras indicar que Gadafi responde con acciones brutales, bombardeos y asesinatos a cada resolución de la ONU y a las demandas de libertad de la población, la ministra ha afirmado que con la salida del dirigente libio estaremos más cerca del fin del conflicto.
No obstante ha recordado que el conflicto libio no tiene una solución estrictamente militar y ha dicho que ahora es preciso que sean las vías políticas y diplomáticas las que ayuden a conseguir la paz.
Por otra parte, la ministra ha afirmado que los buques de la Armada española han auxiliado a tres embarcaciones con inmigrantes procedentes de Libia y ha advertido de otras 13 en situación de peligro humanitario, en referencia a la polémica surgida por la denuncia de una negativa de buques de la OTAN a ayudar a un barco en el que fallecieron 61 personas.
En su discurso al contingente ha elogiado el trabajo de los más de 125 militares desplazados con cuatro cazas F-18 y dos aviones de reabastecimiento para mantener la zona de exclusión aérea, que suman desde el 19 de marzo más de 140 misiones, con unas mil horas de vuelo, todos ellos sin incidentes.
Tras diferentes visitas, la ministra española ha culminado su visita, a mediodía, con una entrevista con su homólogo italiano, Ignacio La Russa, a quien le ha agradecido el apoyo a los militares españoles y ha destacado la acogida cordial por parte de las tropas italianas.
Hacia una Nueva República
Hacia una Nueva República
John M. Ackerman
La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República.
Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país.
Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.
Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes.
Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país.
Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre.
Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental.
Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.
Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos.
Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones.
Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad.
Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.
Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados.
También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país. Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.
Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad.
También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo.
Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas.
¿Ninguna exigencia al Chapo? ¿Ni a Zambada, ni al Lazca?
Carlos Ramírez
¿Ninguna exigencia al Chapo? ¿Ni a Zambada, ni al Lazca?
Con un sistema de información bastante funcional, los principales dirigentes de los cárteles de la droga estuvieron de plácemes ayer domingo.
Una marcha multitudinaria congregó a decenas de organizaciones civiles y a miles de personas para... impugnar a los gobiernos federal, estatales y municipales, a los partidos y a las instituciones. Y ni por equivocación alguien lanzó un muera contra los capos de la droga que son el motor de la violencia.
La marcha de Javier Sicilia perdió la gran oportunidad de enviar una carta a los principales jefes de la droga pero con nombre y apellido, varios de los cuales se metieron en Cuernavaca ante la apatía social hoy desgarrada de indignación.
Cuando el capo Sergio Villarreal El Grande fue arrestado como dirigente del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos y reveló la presunta corrupción de un reportero de la revista de Julio Scherer, el mismo que apareció bajo el brazo protector de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo Guzmán, Sicilia escribió en Proceso una defensa sentimental del periodista y nada contra los narcos.
La marcha era la gran oportunidad para, ciertamente, criticar duramente a los tres niveles de gobierno y a las fuerzas de seguridad, pero sobre todo era el espacio político y social para que la sociedad enviara un duro mensaje a los barones de la droga, cuyas tareas son las que han provocado las situaciones de violencia.
Pero la marcha sirvió para que Sicilia desahogara su dolor de padre con frases hirientes contra funcionarios y organizaciones del sistema político.
El saldo fue previsible: nada, funcionalmente nada. La marcha tenía la gran oportunidad para promover una serie de iniciativas que sin duda los partidos y el Congreso tendrían que promover. Pero no: sólo gritos de dolor... y hasta la próxima marcha.
El documento difundido en la marcha plantea las mismas exigencias de siempre que implicarían replegar las fuerzas de seguridad y dejarle libre el territorio a los narcos para volver a asentarse, sólo que ahora con el beneplácito de una sociedad indignada.
La sociedad perdió otra coyuntura para exigir la creación de organizaciones de observación, de comités de supervisión ciudadana y, como lo planteó en El Universal Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, la creación de un auditor policial independiente de tipo ciudadano. Se trata de crear "una interferencia social" que controle y apoye a las organizaciones policiacas.
Y no deja de ser también significativo que la protesta de Sicilia se dio en el escenario de la distracción de la clase política morelense más preocupada por las reformas constitucionales que abrieron el abanico a las candidaturas al gobierno estatal el próximo año, al quitar el candado del origen por nacimiento y bajar la edad para ser gobernador.
De ahí que los partidos de oposición estatales, el PRI y el PRD, lograron una gran reforma constitucional para la grilla de la sucesión gubernamental y nada hicieron para canalizar la indignación de Sicilia.
El narco se instaló en Morelos ante la complacencia gubernamental pero ante la pasividad de la sociedad. Y no de ahora. Ascendido al cargo de gobernador por su relación con Carlos Salinas y sobre todo con el superasesor Joseph-Marie Córdoba Montoya, el general Jorge Carrillo Olea llegó en 1994 al gobierno estatal por su participación en la dirección de las oficinas antinarcóticos y de inteligencia y seguridad nacional. Y como gobernador dejó que el crimen organizado se asentara en la entidad, en fallas garrafales de inteligencia y seguridad nacional.
Hoy Carrillo Olea saca la cabeza para criticar al gobierno estatal por la inseguridad, pero olvida que fue destituido por la presión social cuando se descubrió que su procurador estatal, su jefe de la judicial estatal y su jefe del grupo antisecuestros controlaban a las bandas de secuestradores. Y en el gobierno de Carrillo Olea se asentaron los primeros cárteles de la droga.
La sociedad está indignada. Y tiene muchas razones para estarlo. Sólo que se trata de la misma sociedad que protesta y grita su indignación pero no participa en la organización de un tejido social para la seguridad ciudadana y social. En los resolutivos de organizaciones alrededor de Sicilia hay rabia pero no posibilidad de participación.
Destaca sobre todo el silencio ominoso de la marcha de Sicilia contra los cabecillas de los cárteles de la droga, verdaderos responsables de la violencia.
Para usar la poesía de Sicilia, ni una mentada de madre contra el Chapo, el Lazca o El Mayo, el cártel del Pacífico Sur responsable de la muerte del hijo de Sicilia, la Tuta, apenas un raspón al PRD por darle fuero a Julio César Godoy.
Eso sí, el oportunismo de siempre, inclusive si viola el Estado laico y coloca a obispos metiéndose en política terrenal.
Y ningún mensaje de la marcha Sicilia al presidente Barack Obama, al Congreso de Estados Unidos que se hace el distraído en el tema del tráfico de drogas, a los 25 millones de consumidores estadounidenses cuyo acceso a la droga tiene a México en el ojo del huracán de la violencia del crimen organizado.
La indignación está perdiendo los referentes con la realidad. Ya han convertido a los casi 40 mil muertos en víctimas de la violencia. Pero el 95 por ciento de los muertos son delincuentes, muchos de ellos asesinados entre ellos, y ahora ya van a formar parte del Muro de Vietnam en Morelos.
La lucha contra el crimen organizado debe evitar daños colaterales pero tampoco la caridad cristiana puede convertir en víctimas a los delincuentes que murieron en sus guerras criminales por el control de territorios de droga.
La sociedad se dedica a gritar su indignación o a marchar sus agravios pero no participa ni condena a los criminales. Por eso los capos miraron ayer la marcha dominical de Sicilia como si disfrutaran un partido de futbol.
Contra ellos, nada de la sociedad. Ni un grito. Ni una mentada de madre. Mejor, imposible.
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