MEDIOS Y PODER EN LATINOAMÉRICA

MEDIOS Y PODER EN LATINOAMÉRICA

Carlos Murillo Zamora

¿Son los medios víctimas o cómplices de los Estados?

AFP/Gettyimages

Las leyes e iniciativas de regulación sobre los medios de comunicación adoptados por varios países latinoamericanos, evidencian un cambio significativo en la relación entre gobiernos y medios. La diferencia en esta ocasión es que los gobernantes están recurriendo, gracias a las mayorías que tiene el sector oficialista en los congresos, a la adopción de leyes que establecen regulaciones a las inversiones y al enfoque que se le puede dar a la información; distanciándose de la práctica acostumbrada por las dictaduras del siglo pasado, que recurrían a la censura previa de forma directa y coercitiva. Esto hace que crezcan el número de opiniones sobre el deterioro de la libertad de expresión en la región. Aunque poco se habla de la ética profesional y la responsabilidad de los medios y su influencia sobre la política. Y el otro aspecto, que habrá que considerar en otro momento, la influencia del crimen organizado, sobre todo de los carteles del narcotráfico.

En la mayoría de los Estados latinoamericanos los medios dedicados a los informativos y programas de opinión sobreviven, en gran medida, gracias a sus gobiernos. Primero porque es la principal fuente de noticias diarias y segundo porque es uno de los mayores anunciantes. Prueba de esto es que en algunos países cuando el sector público deja de controlar los espacios comerciales, los medios se ven en problemas para subsistir. Esto ha convertido el recurso publicitario en un arma utilizada a conveniencia por los mandatarios, quienes producto del personalismo –muchas veces de naturaleza caudillista y de cacicazgos– con que se conducen los asuntos de Estado en la región.

Esto hace que la mayoría de los casos en que se enfrenta a la prensa, las preguntas de los dirigentes se originan por las críticas hacia su gestión o por el enfoque que hacen de algún tema de interés de quien ejerce la presidencia. Si bien esta situación no es reciente, como los casos de la pelea entre Hugo Chávez y RCTV y Globovisión; el Gobierno de los Kirchner con el grupo Clarín, que incluso llevó a sus aliados gremialistas a bloquear la planta del matutino; el diferendo de Luiz Inácio Lula da Silva con O'Globo, Folha y O Estado, y las permanentes críticas al estilo presidencial de Ricardo Martinelli y sus manifestaciones sobre el rol de la prensa. Esto lo resume Andrea Barrero, de El País: “La libertad de prensa y de expresión en muchos países de América Latina pende de un hilo. Así lo demuestran los continuos ataques y regulaciones que varios gobiernos siguen ejerciendo en contra de los medios de comunicación independientes, ante el temor de que la información que sobre ellos se publique, afecte sus proyectos políticos”. Sin embargo, lo más reciente son los casos de Bolivia y Ecuador.

En el primer caso, la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación impulsada por el presidente boliviano, Evo Morales, por la que bajaban el tope de la participación de capital extranjero del 49% al 29%, afectando en mayor medida a entidades como el grupo español PRISA y Akaiski Investments. La normativa establece que solo el 33% del capital puede estar en manos comerciales (privados), el 33% del Estado, el 17% de organizaciones campesinas y el 17% en poder comunitarios. En este momento el espectro electromagnético está constituido por unas 680 radioemisoras, en su mayoría (90%) privadas. Ello se une a la reforma de la Ley de Régimen Electoral, en la que se prohíbe a la prensa informar y opinar sobre los candidatos a los cargos de magistrados en las elecciones de octubre. Además se estableció que el Tribunal Electoral debía aprobar las preguntas que se formularán en las entrevistas a los políticos y aspirantes. Adicionalmente, la ley obliga a todas las radioemisoras y canales de televisión a transmitir de manera gratuita, dos veces al año, los discursos presidenciales. Y también establece regulaciones para las comunicaciones por Internet.

Los críticos de Morales argumentan que el control que tiene el Gobierno sobre las organizaciones comunitarias, sobre todo indígenas, se aumentará y se consolidará al amparo de la nueva ley.

En la cumbre de UNASUR en Guyana, el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, instó a sus pares sudamericanos a adoptar un marco legal para “combatir los excesos de una cierta prensa”, a la que no tener que justificar sus acciones, generan una defensa mal entendida de la libertad de expresión. Agregó que “en nombre de la libertad de prensa, en nuestra América Latina se han desestabilizado presidentes y gobiernos. Ya es hora de derrumbar tabúes. Debemos perder el temor reverencial de tratar estos temas y buscar una legislación adecuada para combatir los excesos de cierta prensa”.

Lo último en la larga historia de confrontación del gobernante con la prensa que critica su gestión fue la demanda contra el periódico El Universo, publicado en Guayaquil (Ecuador), porque en marzo pasado Emilio Palacio, jefe de opinión del periódico, en su columna lo llamó “dictador”. Ante eso el mandatario demandó al medio y al columnista, exigiendo una retractación, la condena del periodista y algunos directivos y una indemnización. El fallo condenó a tres años de prisión a Palacio, al director del diario y a dos subdirectores; y al pago de 40 millones de dólares (28 millones de euros aproximadamente) a beneficio del demandante. El Universo recurrió la sentencia. La misma decisión anunció el presidente Correa, quien considera que debió indemnizarse por el total solicitado y otorgarse más años de prisión; pero también advirtió que expulsará del país al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, por también llamarlo dictador.

Según la SIP y grupos como International Freedom of Expression Exchange (IFEX) la libertad de expresión está siendo limitada en América Latina como en los momentos más aciagos de las dictaduras militares, y son muchos los periodistas en países como Perú y Honduras que han sido asesinados o condenados porque sus opiniones e informaciones no resultan del agrado de los gobernantes.

Ahora bien, a lo que poco se hace referencia es al papel de la prensa frente a los proyectos políticos de los gobiernos; es decir, la otra cara de la moneda. En esta materia hay que considerar varios aspectos, entre ellos la ética de la comunicación y la del comunicador como formador de opinión; puesto que los medios contribuyen a la formación de valores y a la construcción de la identidad nacional. En este sentido, las Administraciones lo que argumentan es que los periodistas y la prensa, en general, están violando los principios morales y éticos y prestándose al juego de élites, generando la desinformación de la opinión pública y atentando contra la solidez de la democracia.

Según el colombiano Javier Darío Restrepo, un especialista en ética periodística, lo que hay en América Latina es una “crisis de credibilidad” de la prensa; esto porque “Al tomar partido por intereses buenos o malos, la prensa está perdiendo esa garantía llamada credibilidad. Dejó de observar los hechos con cierta distancia. Es una prensa que está mirando la historia desde el poder, en muchos casos, desde arriba. Los medios y periodistas están perdiendo la perspectiva, les hace falta mirar al mundo desde abajo”. Así la prensa, en su mayor parte, ha dejado de hacer periodismo imparcial y políticamente neutral. Ello hace que los medios estén influenciando y hasta determinando los procesos de formulación de políticas públicas y la ejecución de proyectos y programas.

En algunos países hay medios que, durante los procesos electorales, hacen manejos sesgados de la información para favorecer a determinado candidato y obstaculizar a sus rivales; como en Nicaragua, Argentina e incluso Costa Rica. Lo cual se prolonga durante el ejercicio presidencial del gobernante. Esto es posible por la forma en que se definen los nuevos líderes y se construyen los liderazgos en la región, que cada vez tienen más de liderazgos mediáticos. Para los líderes neopopulistas, que prefieren la comunicación directa con la ciudadanía, la prensa se considera un obstáculo, y esta lo evidencia con un enfoque que puede resumirse en que las iniciativas que sean satisfactorias para la prensa, son las que debe impulsar al dirigente.

Lo descrito evidencia que la relación entre gobernantes y prensa en América Latina se torna más difícil y que cada sector interpreta las libertades de prensa y de expresión de manera particular e interesada. Ambas partes han perdido su perspectiva.

GOBIERNO CHINO VERSUS MICROBLOGS

Daniel Méndez

El dilema de Pekín: ¿cómo fomentar el desarrollo tecnológico y ejercer a la vez un control político de la información?

AFP/Getty Images

El día 23 de julio, después de un accidente de tren que causó la muerte de 40 personas en el sur del país, el Gobierno chino se dio cuenta de algo: los servicios de microblogs se le habían ido de las manos. Esa misma noche y durante los siguientes días, los internautas utilizaron estas redes sociales inspiradas en Twitter para atacar con dureza la gestión del accidente por parte del Ejecutivo, poner en entredicho las labores de rescate, criticar la corrupción que había rodeado a la construcción de las líneas de alta velocidad y desmentir todas y cada una de las informaciones oficiales sobre el accidente. En un ambiente informativo generalmente controlado, la libertad de los servicios de microblogs había sobrepasado la línea de lo aceptable por el Partido Comunista.

Durante aquellos días, en una encuesta que circuló por Sina Weibo (el servicio de microblogs líder del país con 200 millones de usuarios), más del 93% de los internautas pensaban que la gestión del accidente había sido “malísima y se había despreciado la vida humana”. Por esta red social llegaron a circular imágenes pidiendo la dimisión del ministro de Ferrocarriles, referencias sangrientas a China Railways (la empresa encargada de la construcción de las líneas de alta velocidad) e insultos contra algunos de los máximos dirigentes del país. En la historia reciente del gigante asiático, es difícil encontrar un episodio en el que el malestar de los ciudadanos con el Gobierno se haya expresado de forma tan clara y rotunda. También es complicado encontrar un caso tan evidente en el que las autoridades no hayan sido capaces de controlar el flujo de la información.

Además de haberse convertido en el mayor centro de debate e información alternativa del país, los servicios de microblogs como Sina Weibo han alcanzado tanta importancia debido a su influencia en los medios tradicionales. Periódicos, radios y televisiones, sobre todo los más independientes, se han hecho eco en los últimos meses de historias surgidas en las redes sociales y que gracias a los medios se han convertido en noticias de carácter nacional. Durante el accidente de tren, por ejemplo, Sina Weibo se encargó de marcar la agenda informativa del país durante toda una semana, con los medios de comunicación y el Gobierno siempre un paso por detrás.

Aunque los servicios de microblogs han revolucionado el panorama informativo chino desde hace al menos un año, ha sido su papel durante el último accidente de tren lo que los ha puesto en el ojo del huracán. En medio de la indignación de los ciudadanos y de una opinión pública que reclamaba mayor transparencia, en aquel momento el Gobierno no se atrevió a dar un golpe sobre la mesa y aumentar el control sobre las redes sociales. Con el paso del tiempo, sin embargo, el Partido Comunista parece estar trabajando en la sombra y utilizando todos sus recursos para echarle el freno a los servicios de microblogs.

			La tensión entre el Gobierno, las empresas de Internet y los propios ciudadanos muestran el difícil equilibrio en el que se mueve el mundo de la información en China

La estrategia de control parece haber comenzado con la lucha ideológica. Desde principios de agosto, muchos de los medios de comunicación oficiales, como la agencia de noticias Xinhua o el Diario del Pueblo, han criticado a Sina Weibo por sus dañinos efectos para la sociedad y su facilidad para difundir rumores. El día 3 de agosto, por ejemplo, la Televisión Central de China (CCTV) emitió un reportaje titulado “¿Dónde está el límite ético de los microblogs?” en el que hacía hincapié en la cantidad de información falsa que circulaba por las redes sociales. Dos días más tarde, el Global Times, un periódico también muy cercano al Gobierno, publicaba un artículo donde criticaba a los medios tradicionales por convertirse en meras “versiones impresas” de los microblogs. Según este diario, los periodistas le estaban dando demasiada importancia a las redes sociales y éstas no podían de ninguna forma convertirse en la única opinión pública del país.

Junto a la lucha mediática a través de sus medios de comunicación, el Gobierno parece haber aumentado la presión sobre las empresas al frente de la revolución de los microblogs. El pasado 23 de agosto, Liu Qi, uno de los 24 miembros del poderoso Politburó Político y secretario del Partido Comunista en Pekín, visitó en persona la empresa Sina. Allí, Liu Qi pidió a su director ejecutivo que se “ponga totalmente fin a las informaciones falsas y erróneas”. Aunque estas visitas de las autoridades a las mayores empresas de Internet son algo frecuente, el alto perfil político de Liu Qi parece indicar que el control sobre los microblogs va en aumento. Otra señal más se produjo el 26 de agosto, cuando Sina Weibo hizo pública la suspensión de dos usuarios durante un mes debido a su difusión de dos informaciones falsas.

La tensión entre el Gobierno, las empresas de Internet y los propios ciudadanos muestran el difícil equilibrio en el que se mueve el mundo de la información en China. Acabado el peligro de las redes sociales extranjeras con la censura total de Twitter, Facebook y Youtube, ahora el Partido Comunista se enfrente a empresas nacionales privadas (las más importantes Sina, Tencent y Netease) que tienen importantes planes empresariales basados en sus servicios de microblogs. Una vez más, el Ejecutivo se encuentra ante el reto de potenciar al desarrollo económico y la innovación tecnológica mientras intenta mantener al mismo tiempo el control político de la información.

A pesar de que el Estado sigue controlando la mayoría de medios de comunicación e imponiendo la censura en determinados temas clave, el accidente de tren del 23 de julio ha demostrado que las nuevas tecnologías pueden poner en aprietos al Gobierno y que su control sobre la información es cada vez más precario. Hasta ahora, el Partido Comunista ha sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y a los cambios sociales del país para seguir manteniendo un control efectivo sobre la información. En los próximos años, sin embargo, tendrá que decidir cómo sobrevivir a unas redes sociales que ya han cambiado para siempre la forma en la que los ciudadanos comparten, leen y participan de la actualidad.