Colombia: Petro, inhabilitado – por Fernando Londoño Hoyos
La sentencia por porte ilegal de armas fue anterior a la cesación de procedimiento. E inhabilita a Petro para ser alcalde.
Francisco Gustavo Petro Urrego está jurídicamente inhabilitado para ser alcalde de Bogotá. Como lo estuvo para ser representante a la Cámara y senador de la República, cargos que ejerció irregularmente, como adelante demostraremos.
La cuestión es sencilla. Petro recibió el beneficio de cesación de procedimiento en el proceso que enfrentaba, con todos sus compañeros de organización criminal, el M-19, por los trágicos hechos del Palacio de Justicia. Quedará para otro momento discutir si procedía aquel beneficio constitucional, negado para los actos de ferocidad o barbarie, para los homicidios contra víctimas en estado de indefensión y para acciones terroristas.
Pero nuestra denuncia nada tiene que ver con aquellos acontecimientos dolorosos. Ella se refiere a otro proceso judicial, en el que nuestro candidato de hoy fue capturado, juzgado y condenado. Valga agregar que esa condena se cumplió y que Petro salió de la cárcel después de 16 meses de sufrir pena privativa de la libertad por decisión judicial. Que es exactamente lo que produce la inhabilidad que describe el artículo 179 de la Constitución, y que por una migración normativa se aplica a quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá.
Francisco Gustavo Petro Urrego fue sorprendido con armas en Zipaquirá y sometido al juez competente, que era el comandante de la Brigada, según normas establecidas en un acto con fuerza de ley y condenado a 18 meses de prisión. Recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, fue trasladado a Ibagué, donde acabó de purgar la condena, un poco antes de lo previsto, por rebaja que le hizo la Justicia Penal Militar. Todo consta en piezas procesales, que Petro no desmiente.
Venga aquí una pequeña digresión. El Estado de sitio había sido decretado para defender el país de la guerrilla y la mafia, y la jurisdicción especial se puso en marcha para proteger la vida de los jueces, porque para entonces Pablo Escobar y sus amigos, auxiliadores y socios del M-19 estaban dedicados a asesinarlos. Magistrados de las cortes más altas, magistrados de tribunales, jueces ordinarios y hasta abogados de parte civil caían bajo las balas de estos salvajes. Una semana después de la detención de Petro, sus compañeros penetraron en el Palacio de Justicia para cometer el atroz delito que hirió a Colombia en la mitad del corazón. Solo Dios y Petro, y quizás algunos de sus antiguos compañeros de andanzas criminales, saben lo que habría pasado si en Zipaquirá no sorprenden y capturan a Petro.
El perdón a los del M-19 no cubrió el delito anterior de Petro, nunca declarado delito político. Se estableció y ejecutó exclusivamente por los hechos del Palacio de Justicia. Y mal hubiera podido extenderse a Petro, porque amnistía e indulto no obran sobre penas ya cumplidas. Cesan procedimientos y suspenden la ejecución de penas en marcha. Nada más.
Petro pregunta cómo pudo ser congresista si esta inhabilidad pesaba en su contra. Muy sencillo. Ocultando la verdad y aprovechando la descoordinación del Estado colombiano. Porque para obtener su credencial, Petro preguntaba por los delitos que se le atribuían por el Palacio de Justicia y callaba estratégicamente su mancha más antigua. Las respuestas eran las que cualquiera esperaría que fuesen. La restricción mental, conocida forma de la mentira, suele funcionar.
Dudando de que los documentos incriminantes hubieran desaparecido, en derecho de petición del año 2010 se dirigió a la Justicia Penal Militar, para estar tranquilo y confirmar olvidos o extravíos. La Justicia Penal Militar recuerda su condena y se la certificó. Lástima que callara ante las autoridades electorales. Esas que ahora tienen la palabra.
Venezuela se convirtió en punto de tránsito de droga a EEUU y Europa, según ONG – by Ramón Sahmkow
Ubicada a las puertas del Atlántico y con una porosa frontera, Venezuela se convirtió en lugar de tránsito de cocaína hacia mercados internacionales, según la ONG International Crisis Group, que atribuyó además el fenómeno a la corrupción y a una ineficaz vigilancia estatal.
“Venezuela se ha convertido en un lugar de transbordo del transporte de cocaína hacia los mercados internacionales”, especialmente Europa y Estados Unidos, dijo el miércoles el director para América Latina de International Crisis Group, Javier Ciurlizza.
“Es un fenómeno que ha ocurrido en los últimos cuatro años y ha aumentado de una manera geométrica”, agregó el investigador al presentar un estudio sobre la violencia en Venezuela, que recoge decenas de entrevistas y estudios de campo en Caracas y los estados fronterizos.
Pese a no ser un país cultivador de hoja de coca ni un productor de droga, Venezuela, al norte de Suramérica y con salida al océano Atlántico, tendría condiciones favorables para ser una ruta del tráfico de drogas como cocaína y marihuana, explicó Ciurlizza, en un encuentro con la prensa en Caracas.
Las rutas del Caribe y el Pacífico y los caminos terrestres, vigilados de cerca por los operativos antinarcóticos de Colombia, Estados Unidos y México, “dejan al Atlántico como la ruta más barata” para lograr que la cocaína llegue a su destino, señaló el investigador.
Pero además, el estudio cita como otras causas la corrupción, debilidades en el gobierno venezolano para aplicar la ley, la supuesta colaboración de altos rangos militares con las bandas criminales y una porosa frontera con Colombia, el mayor productor de cocaína en el mundo, con 350 toneladas en el 2010, según cifras de la Organización de Naciones Unidas.
“Es una combinación de todo eso (…) y del hecho de que no haya un enfrentamiento categórico por parte del Estado”, señaló Silke Pfeiffer, directora del programa Andes de Crisis Group.
Por su lado, el gobierno venezolano defendió precisamente el miércoles su combate contra el tráfico de drogas.
El ministro del Interior, Tareck El Aissami, destacó la “política clara, seria y transparente” del gobierno “en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y contra las organizaciones criminales que pretenden utilizar nuestro territorio para este delito”.
El gobierno estadounidense sostiene que Venezuela ha fracasado en la lucha antinarcóticos, pero Caracas asegura que esa acusación forma parte de una “política de agresión” en contra del presidente Hugo Chávez, que ordenó la expulsión de la DEA (la oficina antidrogas estadounidense) en el 2006.
Las autoridades venezolanas decomisaron 29,750 kilos de droga en lo que va de año, informó El Aissami, al dar a conocer los resultados de un operativo contra el narcotráfico en la frontera con Colombia.
En Venezuela podrían participar bandas nacionales e internacionales vinculadas a grupos colombianos o a grandes carteles mexicanos como Los Zetas y el de Sinaloa, según el estudio de esta ONG presidida por Louise Arbour, ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
A pesar de ello, el auge del narcotráfico no ha incidido directamente en la violencia en Venezuela, a diferencia de México, donde 41,000 personas han sido asesinadas desde diciembre del 2006 por la lucha entre cárteles y el enfrentamiento con las autoridades, dijeron los investigadores.
“En Venezuela hay muchas oportunidades para un comercio de la criminalidad organizada que no necesita ejercer la violencia todavía para imponerse”, dijo Ciurlizza.
Pero sí advierten que el narcotráfico ha sido un catalizador indirecto de la violencia promovida por bandas que luchan por el control del “microtráfico” en las barriadas populares de Venezuela, un país donde en el 2010 hubo al menos 14,000 asesinatos, según datos oficiales.
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