El Congreso anti-energía

Por William L. Anderson.

En respuesta a las “crisis energéticas” creadas por el gobierno que hemos experimentado en los últimos años (más sobre su gestación de la “crisis” más adelante), el Congreso, los tribunales y el poder ejecutivo del gobierno de EEUU se unen en su creencia de que los futuros de la energía deben ser futuros administrados. Cualquier pretensión que haya mostrado la administración republicana respecto de un libre mercado en la energía, ha desaparecido en medio de una tormenta de subvenciones y retórica. De hecho, parece que la carrera real es por ver qué partido político puede ofrecer el tipo de energía más estatalizado.

Como parte de su ataque de 100 horas, el nuevo Congreso controlado por los demócratas ha anunciado que quiere ver precios de combustible más bajos forzando al alza los precios del combustible. No es una errata. El Congreso busca cargar al sector petrolífero con 15.000 millones de dólares en nuevos impuestos, tasas y otras medidas punitivas; al mismo tiempo, los miembros del Congreso nos dicen que como consumidores “merecemos” precios más bajos en la gasolina. Así es como funciona este sinsentido de forzar los precios al alza para conseguir precios más bajos:

El Congreso obliga a subir las tasas para petróleo y gas extraídos de tierras de propiedad pública;
El Congreso impone una tasa de “conservación de recursos” de 9$ por barril sobre el petróleo y de 1,25$ por millón de BTU sobre el gas natural, para la producción en el Golfo de México mientras los precios permanezcan por encima de los 34,73$ por barril para el petróleo y los 4,34$ por millón de BTU para el gas;
El Congreso aumenta los impuestos a las compañías energéticas.

Como dice Charles Rangel, el nuevo presidente del Comité de Formas y Medios de la Cámara: “Estamos echando atrás las subvenciones a la grandes petroleras para invertir en energías alternativas y encontrar soluciones a los problemas energéticos de nuestra nación”. Y mientras la nueva Presidenta de la Cámara Nancy Pelosi promete que todos estos nuevos ingresos irán a un fondo para promover energías alternativas, hasta ahora las 100 horas no han producido ninguna legislación de ese tipo. Tal vez deberíamos esperar que el dinero se gaste en otras cosas.

Antes de ocuparnos de lo que el Congreso ve como nuestra “energía futura”, tal vez sería bueno examinar la próxima legislación para entender el daño real que infligirá. Hubo un tiempo en que el Congreso se acostaba con el lobby petrolífero, pero ahora que el Congreso quiere darnos energías “alternativas”, uno espera que alguien caliente de nuevo esas sábanas.

El asunto de las tasas debería gustar a todos los defensores del libre mercado. Primero, y lo más importante, el gobierno no debería estar en el negocio de arrendar terreno que las compañías petrolíferas deberían poseer. La propiedad cambia la ecuación para el cálculo económico y uno puede estar seguro de que las petroleras se comportarían de forma distinta con terrenos propios, frente al arrendamiento del estado, algo que apunté en un artículo sobre la Reserva Nacional de Vida Salvaje del Ártico hace cinco años.

Segundo, las petroleras no están incumpliendo ningún contrato: el gobierno quiere reescribirlos como medida punitiva:

Políticos de ambos partidos han expresado su enfado ante el rechazo de las empresas petroleras y gasísticas en revisar los arrendamientos de 1998-99 que fueron firmados sin una provisión que requiriera pagos de tasas si aumentaran los precios del petróleo y el gas, como se ha hecho en años recientes.
Los auditores del Congreso han dicho que el gobierno ha perdido ya unos 2.000 millones de dólares en tasas y podría perder hasta 10.000 a lo largo de la vida de los arrendamientos a causa del error.
La propuesta “se ocupará del defectuoso sistema de tasas, dijo el representante Nick Rahall, demócrata de Virginia Occidental, presidente del Comité de Recursos Naturales, añadiendo que “pondrá de nuevo esos derechos de pago (perdidos en tasas) donde corresponden: en el Tesoro federal”.

Difícilmente podemos culpar a la empresas petroleras por lo querer reescribir los contratos que ahora operan a su favor, especialmente dada la volatilidad de los precios del petróleo, que pueden bajar tan fácilmente como suben. Además, si tengo que elegir entre aumentos en los “ingresos” públicos frente a aumentos en la rentabilidad de las empresas privadas, elegiré siempre la rentabilidad, ya que crea más resultados positivos.

Sin embargo, la idea de que el gobierno está “perdiendo” dinero que nunca tuvo y por el que nunca contrató no es exactamente una pérdida. Es como si yo dijera que como no he renegociado a la baja mi contrato con mi empresa, estoy haciendo que la Universidad de Frostburg State esté “perdiendo dinero”. Esa explicación es una tontería.

La “tasa de conservación de recursos” es otro nombre inapropiado. Por el contrario el propósito es desincentivar a las empresas a sacar petróleo de la tierra… o a comprarlo fuera, ya que el gobierno de EEUU nunca ha encontrado una muy buena manera de gravar a la gente de otros países por el petróleo que producen. (EEUU simplemente invade algunos de esos países, lo que supongo que puedo suponer que es una forma de gravamen. Una invasión indudablemente puede verse como una medida sancionadora y este Congreso parece querer sancionar a cualquiera que se dedique al negocio del petróleo).

Es seguro que una “tasa” así haría menos viable a las petroleras invertir en pozos nacionales, suponiendo, en la práctica, un oneroso impuesto de al menos el 20% a los precios actuales. Además, la idea de el Congreso deba desalentar el uso de combustibles fósiles es dar la vuelta a la lógica económica, aunque no puedo recordar ningún momento en el que el Congreso haya seguido una lógica económica en años recientes, así que aunque estoy desilusionado, apenas me sorprende este último estallido de ignorancia económica.

Además, la idea de castigar a las petroleras porque son rentables es más que dar la vuelta a la lógica económica. Como he apuntado en otro lugar, los beneficios no son la causa de los altos precios. Los beneficios se producen, como ha apuntado Murray Rothbard, a causa de factores de producción temporalmente a bajo precio.En el caso del petróleo y la gasolina, el precio de los productos subió rápidamente (más rápidamente de lo que lo hicieron los precios que las empresas petrolíferas pagaron por distintos factores, lo que hizo que las empresas obtuvieran grandes beneficios, pero muy temporales).

Si el Congreso trata de hacer las empresas petrolíferas no sean rentables, eso significará menos gasolina (y precios más altos) en el futuro. Además, los grandiosos planes energéticos que siempre parecen venir de Washington no tienen éxito ni pueden tenerlo. El socialismo no puede superar a la empresa privada sin que importe el tipo de retórica que nos ofrezcan los políticos.

Ahora mismo, el nuevo Congreso no puede hacer nada mal, al menos hablando políticamente. Aún así, la ventisca de legislación anti-energía que está llegando de este cuerpo legislador es de mal agüero y hará un daño económico real si las propuestas se convierten en leyes. Además, con algunos en el Congreso pidiendo leyes sobre precios excesivos, uno solo puede esperar que no veamos una repetición de la locura energética de la década de 1970 con escaseces, largas colas y caos en los mercados.

Al desalentar la producción y uso del petróleo, el Congreso y sus aliados insisten en que nos están haciendo un favor. Creen que el etanol y otras energías “verdes” futuras son el camino a seguir, aún así la única forma de pagarlas es pagando más impuestos para financiar estos grandes subsidios que requieren estas industrias. Así que nos dejan con la perspectiva de un Congreso obligándonos usar menos combustibles fósiles (que eficaces en costes y eficientes) y reemplazar esos combustibles por otros aprobados por el gobierno, que son prohibitivamente caros e ineficientes. Y el Congreso al final nos dice que esas disposiciones nos interesan económicamente.