Ciudades charter
Una ciudad charter es una nueva ciudad creada en territorio deshabitado y con unos fueros o estatutos garantizando una serie de normas que son ejecutadas por un gobierno existente o conjunto de gobiernos. Si la nueva ciudad establece normas atractivas, crecerá y prosperará de forma natural con la entrada de inmigrantes, empresarios e inversiones en infraestructuras.
El proponente más destacado de las ciudades charter es Paul Romer, experto en crecimiento económico de la universidad de Stanford. En su artículo For richer, for poorer para la revista Prospect sintetiza su visión y sostiene que lo que necesitan los pobres de Haití que se han quedado sin techo después de la catástrofe son nuevas ciudades con normas distintas a las que poder inmigrar, construidas y gestionadas por Estados occidentales.
Entre las lentas reformas internas y la recolonización
Muchos países pobres están atrapados en un círculo vicioso de malas normas. Las garantías de los gobiernos a los potenciales inversores no tienen la credibilidad suficiente. Sus líderes pueden combatir la corrupción, establecer tribunales independientes y mejorar las normas sobre los derechos de propiedad, pero estas reformas encuentran resistencia y se implementan muy lentamente.
Una vía más rápida sería imponer un marco normativo funcional desde fuera por la fuerza, como sucedió en el período colonial. Paul Romer señala que hay evidencias de que algunas ex colonias son hoy más prósperas gracias a las normas establecidas durante la ocupación. Pero este beneficio económico raramente compensó los años de dominación y la oposición violenta que provocó. Las intervenciones militares humanitarias solo se justifican en circunstancias extremas. Romer sugiere una opción a medio camino entre los intentos de recolonización y las lentas reformas internas: las ciudades charter.
Ciudades charter administradas por Occidente
Romer explica cómo podría desarrollarse una ciudad charter. Un gobierno en un país pobre invitaría a un Estado occidental a administrar una zona deshabitada fiel a unos estatutos previamente acordados. Personas de ese país pobre y de otras partes del mundo se desplazarían para trabajar y vivir en la ciudad emergente. Las normas de la nueva urbe crearían oportunidades laborales y de inversión, y el hecho de ubicarse en territorio antes deshabitado garantizaría que todos sus residentes han elegido vivir allí con pleno conocimiento de sus normas.
El mundo tiende a la urbanización y, según encuestas de Gallup, 700 millones de personas estarían dispuestas a desplazarse permanentemente a un país que les ofreciera seguridad y oportunidades económicas. En lugar de expandir las barriadas pobres de los grandes centros urbanos en el Tercer Mundo, los inmigrantes podrían ser acogidos en ciudades charter que ofrezcan viviendas de bajo coste, trabajo, un ambiente seguro y normas más eficientes.
Romer apunta que hay amplias áreas deshabitadas en la costa de África sub-sahariana que son demasiado secas para la agricultura. Una ciudad puede crecer incluso en la localización más seca, con ayuda de desalinizadoras y agua reciclada si es preciso. La ciudad no tiene por qué ser directamente administrada por el Estado occidental asociado, pues los residentes podrían ejecutar ellos mismos las normas de los estatutos siempre que aquél retuviera el poder último de decisión.
La experiencia de Mauricio, Singapur y Hong Kong
En la República de Mauricio el tribunal de apelación de última instancia es aún el British Privy Council, el tribunal de la antigua metrópolis inglesa. Romer cita este ejemplo como uno de los muchos tipos de combinaciones posibles en el contexto de las ciudades charter.
En los años 90 Singapur, bajo la dirección del primer ministro Lee Kuan Yew, había experimentado con una idea similar, contribuyendo a crear nuevas ciudades en China e Indonesia que luego ayudaría a administrar. Pero los gobiernos nacionales retuvieron poderes discrecionales que interferían con la gestión de Singapur. Por este motivo sería necesaria la firma de tratados que asignasen explícitamente el control de la ciudad.
Romer considera que la administración de Hong Kong por parte del Reino Unido ha sido el ejemplo más cercano de ciudad charter. China proporcionaba la tierra y la gente, y el Reino Unido las normas para una economía de mercado y una convivencia ordenada. Este escenario no nació de un acuerdo entre los dos países, pero el resultado fue positivo y el éxito de Hong Kong contribuyó a las reformas económicas en la China continental.
Una ciudad charter para los haitianos
Tras el terremoto de Haití, Paul Romer ha sugerido la creación de ciudades charter que acojan a inmigrantes haitianos dispuestos a trabajar y a empezar una nueva vida. La presión competitiva de la emigración también podría acelerar la mejora de las instituciones y las normas en Haití. Si las naciones de la región crearan sólo dos ciudades charter en territorios cercanos, podrían albergar a toda la población.
En respuesta al terremoto el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, hizo una oferta de tierra a inmigrantes haitianos. El gobernante ha dicho que "Senegal está dispuesto a ofrecer parcelas de tierra, incluso una región entera". Pero no está claro que esta posibilidad vaya a materializarse.
Las zonas económicas libres o zonas francas en territorio nacional también permiten la aplicación de normas más eficientes para atraer empresas y capital. El Dubai International Financial Centre se rige por leyes distintas a las del resto del emirato. Un juez británico retirado es el principal responsable de gestionar el derecho anglosajón que rige en los 110 acres de la zona económica libre. El Gobierno de Dubai, ávido por captar inversores, se plantea la administración de la zona en términos puramente empresariales.
En Corea del Sur operan varias zonas económicas libres que ofrecen notables ventajas a los inversores: exenciones y rebajas fiscales temporales en impuestos sobre la renta y beneficios, exenciones en tarifas a la importación de bienes de capital, regulaciones mínimas sobre el uso del suelo para la construcción y ampliación de factorías.
El Gobierno coreano propuso a la empresa americana Gale International la creación de una ciudad comercial, verde y tecnológicamente avanzada, en una de esas zonas económicas libres. Gale ha tomado prestado 35.000 millones de dólares de bancos coreanos para erigir sobre terreno yermo Songdo City, una ciudad de seis kilómetros cuadrados con rascacielos de oficinas, aeropuerto, puerto, residencias y parques. Este distrito de negocios internacional tendrá capacidad para 300.000 personas durante el día, y Cisco se ha sumado al proyecto para desarrollar una tecnología que haga que la ciudad sea "inteligente". Songdo City no estará terminada hasta 2015.
Abu Dhabi también está desarrollando un proyecto similar: Masdar City, una ciudad de negocios diseñada por Foster + Partners que dependerá exclusivamente de energías renovables y no emitirá contaminación.
Comunidades en alta mar
El concepto de ciudades charter enlaza con la iniciativa de Patri Friedman y el Seasteading Institute, que busca aumentar la competencia entre unidades políticas y la experimentación con distintas normas y sistemas legales. En particular abogan por la creación de plataformas o ciudades en alta mar, fuera de la jurisdicción de otros países, abiertas a la incorporación de familias y empresas que acepten las normas de la comunidad.
La soberanía de los Estados termina a 12 millas de la costa, en el océano. Existen jurisdicciones parciales sobre zonas de pesca, recursos marinos etc. pero es concebible establecer plataformas flotantes u otras instalaciones artificiales en las zonas económicas exclusivas o en aguas internacionales, donde al principio sería necesario comprar banderas de conveniencia a los países que propusieran la mejor oferta.
Tanto las ciudades charter de Romer como las comunidades en alta mar de Friedman apuntan en una misma dirección: la creación de nuevas entidades políticas en zonas deshabitadas, con normas atractivas que promuevan la inmigración y la inversión.
PENA DE MUERTE
Cuando estudiaba mi primera carrera profesional, la situación en casa era crítica en lo económico y familiar.
Sin entrar en dolorosos detalles que afectarían a terceros, diré que me vi obligada a trabajar para poder estudiar.
Así las cosas, los empleos de medio tiempo para alguien que recién salió de la prepa no crecen en los árboles y con muchos esfuerzos conseguí el peor de ellos pero que al menos me permitía llegar a tiempo a clases.
Éste consistía en dar clases de literatura española a los presos de la penitenciaría para varones de Santa Martha Acatitla, la grande, denominada así porque allí se encuentran aquellos criminales que ya han agotado todas las instancias legales y compurgan allí su sentencia hasta el término.
Por las condiciones excepcionales de la secundaria técnica que opera al amparo de la ley de normas mínimas y remisión parcial de la pena, se me autorizó el empleo sin contar con el título de maestra normalista ya que agradecen al cielo que cualquiera se aparezca a cubrir las vacantes mal pagadas, peligrosas y encima lejanas.
Durante casi 5 años mi rutina diaria iniciaba de madrugada para llegar en 3 ó 4 camiones hasta el fin de Iztapalapa a checar tarjeta antes de las 7 a .m., dar mis clases, colaborar en las entrevistas para preliberación y realizar otras actividades de orden cultural.
Salía de allí a medio día con una torta de frijoles y una concha tomadas del rancho carcelario para llegar a CU antes de mi primera clase a las 2 pm.
Esos años departiendo con lo más granado de la criminalidad me autorizan moralmente a reiterar que creo totalmente en la pena de muerte y que considero indispensable revivir el espíritu original del artículo 22 de nuestra constitución que la señala para secuestradores, salteadores de caminos, traidores a la patria y asesinos con alevosía.
Estoy harta de escuchar las explicaciones bizantinas de los defensores de los derechos humanos que sólo se abocan a tutelar los de los criminales sin pensar que son las víctimas las que deberían quedar salvaguardadas de entes que no merecen el calificativo de humanos y menos aún de animales ya que estos matan por hambre o protección, nunca por el placer de hacer daño o generar una ganancia adicional al sustento cotidiano.
En mis años de trato con criminales, violadores, secuestradores, asaltantes, pederastas, narcotraficantes, asesinos a sueldo, rateros y maleantes de toda calaña puedo asegurar que hay en algunas personas un gen maligno que impide toda rehabilitación y que la línea sutil del bien y el mal está totalmente borrada en sus mentes.
Para ellos no hay rehabilitación posible, sólo la destrucción de su malignidad pone a salvo al resto del mundo de esta mancha contaminante.
Con los pelos de la burra en la mano puedo afirmar sin temor a que nadie me contradiga que las cárceles no son centros de rehabilitación como cacarean las autoridades sino verdaderas universidades del crimen, sobre todo las prisiones mexicanas que tienen este sui generis sistema tipo Club Med donde el preso goza de mil canonjías siempre y cuando las pueda pagar y que son un verdadero insulto de corrupción para las víctimas a las que la justicia nunca les cumple.
El caso de Fernando Martí, este terrible secuestro que no sólo acabo con la vida de un jovencito de sólo 14 años, sino con toda su familia que quedó moralmente destrozada, vuelve a poner en el tapete de la discusión el tema y creo que ya hay que dejarnos de niñerías y aceptar que la realidad nos ha rebasado y que no vivimos en Disneylandia.
El diputado priista Emilio Gamboa desde la Cámara de Diputados lanza la propuesta y yo estoy dispuesta a sentir simpatía electoral por cualquiera que saque de circulación a esos seres abominables sin entraña que no se tocan el corazón para jugar con la vida y suerte de los demás, porque no nos hagamos idiotas ¿alguien espera que años en reclusión rehabiliten a estos monstruos?
La opción que dan los defensores de los derechos humanos es la cadena perpetua que no lo es tanto ya que la pena máxima en México es de 40 años no acumulables y con la ley de normas mínimas y remisión parcial de la pena hablaríamos que en no más de 18 años el sujeto estaría en la calle delinquiendo de nuevo, eso, claro está, si no se fuga antes, tras vivir entre rejas de nuestros impuestos gozando de visitas familiares, conyugales, comida casera, televisión, celda privada y todo lo que su dinero le pueda comprar gracias a la rampante corrupción carcelaria.
No seamos inocentes, el Mochaorejas o estos judiciales de la banda de la flor no tienen rehabilitación posible como tampoco la tienen quienes actúan por compulsión como los violadores y pederastas, por lo tanto antes que una manzana pudra a todo el barril es mejor desecharla.
Por ello le invito a que presione por que la pena de muerte regrese a nuestro país. Ya sé que los estudiosos del derecho, mismos que posiblemente no hayan pisado una cárcel ni de broma vengan a decirme que eso no limita la delincuencia, argumento que tal vez sea cierto en teoría pero en la práctica se ha demostrado que la mano dura ayuda bastante a evitar las reincidencias.
En esos avatares de mi rocambolesca vida, pasé un tiempo en Afganistán y Pakistán, países musulmanes que no se andan con cuentos a la hora de castigar el crimen.
Allí si robas, se te corta la mano criminal y la horca te espera en casos de asalto, asesinato o narcotráfico, con lo cual puedo afirmar que me sentía más segura al viajar al lado de los guerrilleros Mujaidines afganos que dejando mi carro estacionado en una calle céntrica de la Ciudad de México.
Por ello celebro y lo hago con mayúscula que el gobernador Perry de Texas no haya echado la pata para atrás a la hora de castigar a José Medellín, ese tamaulipeco indocumentado que hace 15 años tomó parte en la violación tumultuaria, tortura y muerte de dos adolescentes en Houston y al cual tan 'valientemente' defendió a un costo millonario el gobierno mexicano aduciendo al hecho que cuando fue detenido él no solicitó auxilio consular ni se le informó del derecho al mismo.
Medellín, cínico en su confesión, esperó en el pabellón de la muerte por una clemencia que no tuvo para con sus víctimas tras alegatos legales que le prolongaron la vida 15 años.
Finalmente la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se puso de corbata a la Corte Internacional de la Haya e hizo lo que su ley dice en su país.
Y de nuevo lo apoyo, ya basta de hacerle a la Madre Teresa de Calcuta con esta bola de desechos sociales.
Necesitamos mano dura, que delinquir no sea buen negocio, que la policía nos cuide en vez de hacernos sus víctimas y que en México el crimen no sea buen negocio.
Cuando pienso en cuantos Fernando Martí hay por allí, víctimas de judiciales, policías, Afis y demás yerbas, reitero mi llamado a que dejemos de pastar mansamente como borregos y alcemos la voz con un ¡Ya basta! claro y fuerte que se escuche en las urnas, único lenguaje que entienden nuestros políticos Totalmente Palacio.
A estas altura de mi vida, tan llena de altibajos, bueno, más bajos que altos, curtida por la crueldad de verdaderos pros, no siento que tenga ya nada que perder al intentar iniciar un movimiento ciudadano que responda realmente a lo que siempre hemos soñado y nunca hemos obtenido, como dice mi admirado Mario Benedetti :'Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso.
¿Te gustaría entrarle?
Flor Berenguer
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